Contra la informalidad: evidencia de una mayor vigilancia del cumplimiento de las grandes empresas en Perú 

Chasing Informality: Evidence from Increasing Enforcement in Large Firms in Peru

Contexto

El mercado laboral de Perú, de manera muy similar a los de otros países en desarrollo, se caracteriza por un alto nivel de informalidad. Aproximadamente 10 millones de trabajadores en Perú están clasificados como informales, carecen de registro en la seguridad social y, por consiguiente, carecen de acceso a prestaciones como el seguro de salud y las pensiones. A pesar de las mejoras recientes en el sistema nacional de inspección laboral, Perú sólo tiene 0,2 inspectores laborales por cada 10.000 trabajadores, lo que permite a los trabajadores y a las empresas seguir funcionando informalmente. La informalidad predominante en el mercado laboral genera una menor productividad, menos ingresos fiscales y una protección inadecuada de los trabajadores. 

Este estudio aborda el problema de la informalidad analizando cómo una mayor percepción por parte de las empresas sobre un aumento en la vigilancia del cumplimiento de regulaciones laborales puede influir en la formalización laboral.. 

Proyecto

El proyecto, llevado a cabo entre octubre de 2017 y enero de 2018, buscó abordar la informalidad laboral aumentando la percepción de fiscalización en las grandes empresas formales en Perú. El estudio comprendía el envío aleatorio de una carta a las empresas. Esta carta podía ser de dos tipos. Una de ellas seguía un enfoque de disuasión y resaltaba que el incumplimiento de regulaciones laborales es un delito grave sancionado con una multa significativa. El otro tipo de carta subrayaba los beneficios de la formalización, incluyendo el impacto positivo que puede tener en el aumento de la productividad de la empresa. El proyecto empleó un enfoque empírico riguroso, utilizando datos de registros administrativos y de encuestas a nivel de las empresas para medir el impacto de las medidas de fiscalización en las prácticas de empleo formal. 

Barreras del comportamiento:

Falta de información: Puede que las personas carezcan de información pertinente, por ejemplo, porque la información es difícil de obtener, escasa o difícil de entender. En este contexto, puede que numerosas empresas y trabajadores no sean plenamente conscientes de los beneficios del empleo formal o de los riesgos asociados con el incumplimiento.

Atención limitada: Incluso cuando la información pertinente está, en principio, disponible, la capacidad de las personas para procesar información es limitada. Como consecuencia, puede que ignoren la información pertinente a menos de que se les comunique con claridad.

Aversión al riesgo: Es posible que las empresas tengan aversión al riesgo, prefiriendo el escenario con un resultado seguro, o por el status quo, evitando introducir cambios. Concretamente, puede que las empresas en Perú estén acostumbradas a funcionar informalmente y que presenten resistencia al cambio debido al temor de inspecciones más rigurosas, aumento de los costos debido a la formalización o posibles problemas legales. 

Herramientas conductuales 

Información: a menudo ocurre que la población objetivo no cuenta con la información necesaria para tomar una decisión. En estos casos tan solo proporcionar la información adecuada puede motivar a las personas a tomar una decisión y, por consiguiente, a adoptar una medida beneficiosa. Como resultado, educar a las empresas sobre los beneficios del empleo formal y los riesgos de incumplimiento puede tener como resultado una mayor adopción de las prácticas laborales formales. 

Fiscalización como Nudge: la práctica de realizar inspecciones y poner multas como disuasión para promover el cumplimiento de las regulaciones laborales.

Diseño 

El estudio utiliza datos de las empresas y trabajadores registrados en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), autoridad tributaria peruana, mediante el sistema de planilla electrónica, que incluye a todas las empresas formales, privadas y públicas.

Para aumentar la percepción de que la autoridad fiscalizará el cumplimiento de inscripción de trabajadores en la seguridad social, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) envió cartas a las empresas, dividiéndolas aleatoriamente en tres grupos: 348 empresas recibieron una carta de disuasión, 349 empresas recibieron una carta con normas sociales y 348 empresas formaron el grupo de control y no recibieron ninguna carta. La estructura de las cartas fue idéntica excepto por el mensaje principal de tratamiento. La carta de disuasión ponía énfasis en las severas consecuencias del incumplimiento, entre las cuales se encontraban las multas y el pago de las contribuciones atrasadas; mientras que la carta con normas sociales destacaba los beneficios de la formalización, como la protección contra riesgos de salud y los aumentos potenciales de la productividad. Las cartas invitaban a las empresas a revisar el estatus de los trabajadores en la planilla electrónica y eran cartas personalizadas, dirigidas al nombre legal de la empresa y firmadas por un funcionario de la SUNAFIL.

El estudio implementó un método de ensayo controlado aleatorio para evaluar el impacto de las cartas, midiendo el efecto mediante la comparación de la diferencia promedio del número de trabajadores formales en los grupos de tratamiento (las empresas recibían uno u otro tipo de carta) y el grupo de control (las empresas que no recibían ninguna carta) utilizando una estimación de diferencias en diferencias. El principal objetivo consiste en medir el impacto de las cartas en la percepción de las empresas de la probabilidad de que se vigile el cumplimiento de la ley. En otras palabras, si después de recibir la carta la empresa considera que es más probable que será vigilada, esto debería reflejarse en un mayor cumplimiento legal. 

El reto

El proyecto se enfrentó a problemas de deserción e incumplimiento dado que algunas empresas no contaban con datos disponibles después del tratamiento. Además, algunas cartas no fueron entregadas adecuadamente. Estos problemas no socavaron la estrategia empírica ni las conclusiones extraídas.

Results

Lectura del gráfico:Gráfico A: Carta de disuasión                                        Gráfico B: Carta con normas sociales

  1. El envío de las cartas a las empresas aumentó significativamente el número de trabajadores formalizados. El número promedio de trabajadores formales aumentó en casi 12 en el tratamiento combinado (ambas cartas). En cuanto al contenido del mensaje, el efecto fue mayor para la carta de disuasión, resultando en un aumento promedio de 20 trabajadores formales. En contraste, la carta con normas sociales sólo produjo un aumento no significativo de 3 trabajadores formales. Como conclusión, las cartas de disuasión, que destacaban los costos de las multas por incumplimiento, fueron más efectivas que las cartas que destacaban los beneficios de la formalización. Las empresas tuvieron una mayor reacción  ante un aumento en la percepción de la probabilidad de auditadas y los costos asociados de las sanciones.

  2. Los efectos del tratamiento son heterogéneos según el tamaño de la empresa. El efecto de la carta de disuasión es mayor entre las empresas grandes, que en promedio tienen casi 65 trabajadores formales más después de la intervención. Si bien la carta con las normas sociales también tuvo un mayor impacto en estas empresas, ese impacto fue no significativo. 
  3. Se evidencia la creación de empleo entre las empresas en el grupo de tratamiento que recibieron la carta de disuasión, al compararlas con su información el mismo mes del año anterior. En otras palabras, estas empresas presentan un mayor número de trabajadores formalizados, ya sea porque las nuevas contrataciones superan las reducciones de personal, o porque los trabajadores existentes fueron formalizados después de recibir la carta.
  4. Como se muestra en el Gráfico A, la carta de disuasión tuvo un efecto promedio positivo pero no fue significativo en el mes después de la intervención. Entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 se observó una diferencia significativa con respecto al grupo de control, lo que respalda los efectos a largo plazo de la intervención.
  5. Como se muestra en el Gráfico B, la carta sobre las normas sociales no tuvo un efecto estadísticamente significativo en ninguno de los meses después de la intervención. 
  6. La intervención fue costo-efectiva, y la recaudación de las contribuciones a la seguridad social superó los costos unitarios del envío de las cartas. Cada carta tenía un costo unitario de PEN 30.4 (USD 9.3), mientras que una inspección en persona costaba PEN 1.309 (USD 409) en 2018.

Implicaciones para las políticas

  1. El uso de cartas como intervención de bajo costo puede ser un complemento efectivo de las inspecciones laborales tradicionales, particularmente en contextos de recursos limitados.
  2. Las políticas deberían asegurar que la percepción de monitoreo está respaldada por medidas reales de fiscalización para mantener la credibilidad y efectividad de los mensajes de disuasión.
  3. La implementación de tecnologías de la información para enviar notificaciones electrónicas puede ampliar el alcance de los esfuerzos de fiscalización y mantener los costos bajos.
  4. Destacar los costos del incumplimiento y la probabilidad de auditorías puede ser más efectivo que destacar los beneficios del cumplimiento. Esta conclusión puede orientar el diseño de futuras comunicaciones sobre fiscalización.